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EL PROBLEMA NO ES LA EMPANADA

En las últimas semanas ha sido viral el caso de un joven al cual se le sancionó con una multa por más de un salario mínimo ($834.000) por comprar una empanada en las calles de Bogotá, a una vendedora ambulante. Es conocido que el código de policía, sanciona a aquellas personas que comercializan productos ocupando indebidamente las calles de la ciudad, sin embargo, la imposición de las multas a los compradores de esos productos, es un hecho sui generis en la ciudad, que produce distintas posiciones.  

El sustento legal del Policía para imponer la orden de comparendo, fue el numeral 6 del artículo 140 de Código de Policía, el cual dispone que la persona que promueva o facilite el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas jurisprudenciales y constitucionales vigentes, se le impondrá una medida correctiva o multa tipo 4, la cual puede acarrear la remoción de bienes o una sanción de hasta 32 S.M.L.V.

La simple lectura de la anterior disposición legal da luces a dos posiciones: 1) El numeral 6 del artículo 140 del Código de Policía debe reformarse, o 2) El policía que impuso la medida correctiva, interpretó de forma errónea la norma. La primera posición se sustenta en que la palabra promover, según la RAE, se define como “impulsar el desarrollo o la realización de algo” con lo que la sola compra de un artículo a un vendedor informal, podría tornarse como un apoyo o aval para la ocupación del espacio público en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se torna viable la modificación del numeral, ya que la Policía no es el intérprete de la norma, por lo que únicamente debe atañerse a aplicar la disposición normativa.

De otro lado, la segunda posición es relevante y posee mucho eco, dado que si bien el Congreso de la República es el ente encargado de fijar el alcance y la interpretación de las leyes, cualquier funcionario público que tenga una potestad sancionatoria, ya sean jueces, policías, procuradores, y demás, deben hacer una lectura integral de la norma, y conocer el alcance que le ha dado la jurisprudencia, para así llegar a una correcta aplicación.

Es por ello, que las demás disposiciones del Código de Policía que generan una multa Tipo 4, como lo son: el arrojamiento de basuras al espacio público, el vertimiento de aguas residuales al espacio público, y la realización de necesidades fisiológicas en el espacio público, además de otras conductas, son sancionables y reprochables, teniendo en cuenta que  son actos afectan la convivencia y el derecho al ambiente sano de los habitantes de Bogotá D.C. Actos que a toda luz, no son comparables con la compra de una empanada o cualquier artículo del mercado.

Con todo, hay un terreno oscuro e indignante para los colombianos en la aplicación del numeral 6 del artículo 140 o en la interpretación del mismo, controversia que se genera en un ambiente de incertidumbre para los vendedores informales de la ciudad, quienes diariamente son acreedores de un sinfín de multas por ejercer su derecho al trabajo. Por ende, estamos a la espera del pronunciamiento por parte del Congreso de la República respecto al alcance de la norma citada, teniendo en cuenta que la aplicación de las leyes deben salvaguardar los derechos humanos, y las sanciones deben ser proporcionales al acto o la conducta cometida.

Por: Luisa Fernanda Espitia Bustamante  y Juan Sebastián Celis Lesmes.

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