CULTURA INDIGENA

Autonomía jurisdiccional y legislativa indígena

Gracias a la Constitución Política de 1991, se constituyeron las jurisdicciones Ordinaria,  Contencioso Administrativa y Constitucional, en donde la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional  son los máximos tribunales, y quienes en nombre de la República de Colombia, se encargan de administrar justicia en todo el territorio nacional junto con los demás jueces y magistrados de los diferentes niveles jurisdiccionales, esto es, los jueces de la República dependiendo la especialidad y los Tribunales Superiores de cada distrito.

Ahora bien,  teniendo en cuenta el presupuesto que son también nacionales colombianos los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos,  y el principio del respeto a la diversidad étnica y cultura contemplado en el ordenamiento supremo nacional, se crea una jurisdicción especial, la cual permite a las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando todo sean acorde con la Constitución y las leyes de la nación.

De cualquier modo, el alcance de esta “relativamente” nueva jurisdicción comprende no solo que las comunidades indígenas tengan la facultad de establecer sus propias autoridades judiciales, sino también la potestad de disponer sus propias normas y procedimientos con sujeción a las Constitución y la ley, manteniendo así tanto una autonomía jurisdiccional al administrar justicia en su propio territorio, como una autonomía  legislativa para la creación de  su normas.

Al mismo tiempo, es de resaltar que este diseño constitucional en materia de justicia comprende dos perspectivas, una colectiva como resultado e instrumento de  protección a la diversidad étnica del pueblo colombiano, y una particular de identidad y autonomía de las comunidades, incluyendo dentro de esta segunda perspectiva lo relativo al fuero especial para los indígenas en materia penal, el cual, es un derecho del que gozan los miembros de las comunidades para ser juzgados por las autoridades  que ellos reconocen y de acuerdo con sus procedimientos, excluyendo al juez que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y  considerando los factores establecidos para que las autoridades indígenas reclamen el derecho a juzgar las conductas nocivas de sus integrantes conforme con sus propios usos y costumbres.

No obstante, la autonomía de las comunidades indígenas tiene unos límites referidos a lo “verdaderamente intolerable desde el punto de vista de las garantías fundamentales” lo cual se traduce a que en el ejercicio de la autonomía de que gozan las autoridad indígenas, se debe propender por el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, junto con el principio de legalidad como garantía del debido proceso. 

Sentencia T-397 del veintinueve (29) de julio de dos mil dieciséis (2016).  Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C.

Maria Camila Zambrano Hernandez.

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