NO TODAS LAS DISCRIMINACIONES SON INCONSTITUCIONALES

En el a帽o 2000, la Corte Constitucional[ colombiana declar贸 exequible el Proyecto de Ley Estatutaria No, 158 del 98, el cual estableci贸 que deb铆a haber un 30% de mujeres en los cargos de decisi贸n de la Administraci贸n P煤blica. Lo anterior porque en las estad铆sticas arrojadas entre los a帽os 1990-1997, se evidenci贸 notablemente la baja participaci贸n de la mujer en tales cargos.

Pues bien, dicha decisi贸n gener贸 debates acerca del concepto de justica y si exist铆a una responsabilidad colectiva, es decir, si hab铆a una responsabilidad moral de enmendar las injusticias cometidas en el pasado por ser miembros de una comunidad con identidad hist贸rica. Argumentos basados en el principio de igualdad como el trato diferencial irracional que deb铆a soportar la poblaci贸n masculina tras dicha medida, la falta de m茅ritos de la mujer tras su situaci贸n de discapacidad e inferioridad para ocupar dichos cargos y la preferencia 鈥渁l sexo que al buen servicio鈥, denot贸 que a煤n no se hab铆a superado la brecha de desigualdad que hab铆a padecido la mujer hist贸ricamente a pesar de la igualdad formal que se ha ido implementando paulatinamente en el ordenamiento jur铆dico.

Es por ello que en su momento, el Estado Colombiano adopt贸 las acciones afirmativas, la cuales estaban encaminadas a compensar la discriminaci贸n hist贸rica que han sufrido ciertos grupos poblacionales por su condici贸n natural, condici贸n que ha generado desigualdades inmerecidas y que, por lo tanto, se deben compensar.  Tales medidas son transitorias y  est谩n inspiradas en el principio de diferencia rawlsiano, el cual reza que no todas las discriminaciones son negativas, dado que la diversidad compone la democracia y, por ende, no se puede dar un trato igualitario a todos. 

Ahora bien, han pasado 19 a帽os desde la implementaci贸n de la acci贸n afirmativa en favor de la mujer, la cual se extendi贸, con la misma cuota, en las listas de participaci贸n de los partidos pol铆ticos. Hoy en d铆a el 50%[ del gabinete ministerial del gobierno de turno est谩 conformado por mujeres lo que da a entender que dichas afirmaciones han logrado su cometido, es decir, paridad de la mujer en la vida p煤blica. Sin embargo, ello no representa la realidad nacional en otros escenarios. Veamos: Espec铆ficamente, el porcentaje de representaci贸n de la mujer en el Congreso es de 23% Senado y 18% C谩mara y, seg煤n el Departamento Administrativo de la Funci贸n P煤blica (DAFP), la mujer alcanz贸 el 42% en los mayores niveles decisorios.

Lo anterior indica que, a pesar de su incremento, no ha logrado el fin propuesto de la medida implementada, por lo tanto, hasta que no se supere la subrepresentaci贸n de la mujer en la vida p煤blica y en dem谩s escenarios, la medida debe seguir vigente y, en su defecto, seguirla incrementando paulatinamente. Recordemos que diversos pa铆ses latinoamericanos han aplicado estas medidas, tal es el caso de Bolivia, cuya cultura se ha caracterizado por ser machista, el cual implement贸 acciones afirmativas en favor de la mujer y, hoy en d铆a, la conformaci贸n de su C谩mara de Diputados es del 53% y del Senado del 47%. De ah铆 que, sacar estas medidas del ordenamiento jur铆dico sin llegar a dicha paridad, significar铆a un estancamiento en los derechos de las mujeres, porque en la medida que se logre una significante participaci贸n de ellas, se lograr铆a un mayor desarrollo en 茅stos.

Lamentablemente, hoy por hoy, ciudadanos como Orlando Calder贸n y Solly Gualdr贸n persisten que el trato diferenciado implementado para compensar la injusticia hist贸rica, vulnera su derecho a la igualdad material y formal porque, seg煤n ellos, basado en el estudio presentado por el (DAFP), ya se super贸 la subrepresentaci贸n de la mujer y se lleg贸 al fin propuesto, la igualdad de g茅nero, por lo que demandaron la inconstitucional de dicha medida. La demanda ya est谩 en manos de la Corte Constitucional, esperemos que siga igual o m谩s garantista que hace 19 a帽os.

MARIA PAULA CARRILLO

Deja un comentario

Arriba