NO TODAS LAS DISCRIMINACIONES SON INCONSTITUCIONALES

En el año 2000, la Corte Constitucional[ colombiana declaró exequible el Proyecto de Ley Estatutaria No, 158 del 98, el cual estableció que debía haber un 30% de mujeres en los cargos de decisión de la Administración Pública. Lo anterior porque en las estadísticas arrojadas entre los años 1990-1997, se evidenció notablemente la baja participación de la mujer en tales cargos.

Pues bien, dicha decisión generó debates acerca del concepto de justica y si existía una responsabilidad colectiva, es decir, si había una responsabilidad moral de enmendar las injusticias cometidas en el pasado por ser miembros de una comunidad con identidad histórica. Argumentos basados en el principio de igualdad como el trato diferencial irracional que debía soportar la población masculina tras dicha medida, la falta de méritos de la mujer tras su situación de discapacidad e inferioridad para ocupar dichos cargos y la preferencia “al sexo que al buen servicio”, denotó que aún no se había superado la brecha de desigualdad que había padecido la mujer históricamente a pesar de la igualdad formal que se ha ido implementando paulatinamente en el ordenamiento jurídico.

Es por ello que en su momento, el Estado Colombiano adoptó las acciones afirmativas, la cuales estaban encaminadas a compensar la discriminación histórica que han sufrido ciertos grupos poblacionales por su condición natural, condición que ha generado desigualdades inmerecidas y que, por lo tanto, se deben compensar.  Tales medidas son transitorias y  están inspiradas en el principio de diferencia rawlsiano, el cual reza que no todas las discriminaciones son negativas, dado que la diversidad compone la democracia y, por ende, no se puede dar un trato igualitario a todos. 

Ahora bien, han pasado 19 años desde la implementación de la acción afirmativa en favor de la mujer, la cual se extendió, con la misma cuota, en las listas de participación de los partidos políticos. Hoy en día el 50%[ del gabinete ministerial del gobierno de turno está conformado por mujeres lo que da a entender que dichas afirmaciones han logrado su cometido, es decir, paridad de la mujer en la vida pública. Sin embargo, ello no representa la realidad nacional en otros escenarios. Veamos: Específicamente, el porcentaje de representación de la mujer en el Congreso es de 23% Senado y 18% Cámara y, según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la mujer alcanzó el 42% en los mayores niveles decisorios.

Lo anterior indica que, a pesar de su incremento, no ha logrado el fin propuesto de la medida implementada, por lo tanto, hasta que no se supere la subrepresentación de la mujer en la vida pública y en demás escenarios, la medida debe seguir vigente y, en su defecto, seguirla incrementando paulatinamente. Recordemos que diversos países latinoamericanos han aplicado estas medidas, tal es el caso de Bolivia, cuya cultura se ha caracterizado por ser machista, el cual implementó acciones afirmativas en favor de la mujer y, hoy en día, la conformación de su Cámara de Diputados es del 53% y del Senado del 47%. De ahí que, sacar estas medidas del ordenamiento jurídico sin llegar a dicha paridad, significaría un estancamiento en los derechos de las mujeres, porque en la medida que se logre una significante participación de ellas, se lograría un mayor desarrollo en éstos.

Lamentablemente, hoy por hoy, ciudadanos como Orlando Calderón y Solly Gualdrón persisten que el trato diferenciado implementado para compensar la injusticia histórica, vulnera su derecho a la igualdad material y formal porque, según ellos, basado en el estudio presentado por el (DAFP), ya se superó la subrepresentación de la mujer y se llegó al fin propuesto, la igualdad de género, por lo que demandaron la inconstitucional de dicha medida. La demanda ya está en manos de la Corte Constitucional, esperemos que siga igual o más garantista que hace 19 años.

MARIA PAULA CARRILLO

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